El alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, retó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum a detener la inseguridad en su municipio sin uso de la fuerza, asegurando que si lo logra, presentará su renuncia inmediata. La polémica surgió el pasado 21 de mayo, tras las declaraciones del edil autorizando a policías municipales a abatir a delincuentes armados que agredan a civiles o se resistan a la detención. Sheinbaum reprobó esta postura en su conferencia del 23 de mayo, calificándola de contraria al estado de derecho y a su modelo de seguridad.
Tensión entre estrategias de segurida
Durante una transmisión en vivo luego del asesinato de una trabajadora del ayuntamiento de Uruapan, Carlos Manzo declaró:
“A la policía municipal y a todos los compañeros que nos apoyan en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración: delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, hay que abatirlo. No hay que tener ninguna consideración con ellos”.
Estas declaraciones generaron una ola de reacciones, especialmente por el contexto de violencia que vive Uruapan, donde operan diversos cárteles del crimen organizado, principalmente disputándose el control del negocio del aguacate, uno de los motores económicos de la región.
La respuesta de Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina del 23 de mayo, donde se mostró tajante:
“Está mal, hay un estado de derecho. Para una persona que comete un delito hay un sistema penal acusatorio y lo que debe existir son carpetas de investigación o detenciones en flagrancia acompañadas de pruebas”.
Sheinbaum reafirmó que no se regresará a la estrategia de guerra contra el narcotráfico, impulsada en el pasado por gobiernos federales, y que el enfoque actual se basa en el fortalecimiento de la inteligencia, el trabajo conjunto y la justicia.
“Si lo logra sin disparos, yo renuncio”
El desafío de Manzo a Sheinbaum
En su mensaje, Carlos Manzo lanzó un reto directo a la presidenta:
“Si ella cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo, y se van a entregar, pues que ya lo haga. Que mande al secretario (Omar García) Harfuch a limpiar todos los cerros, a los grupos que están extorsionando a los aguacateros, que están matando niños. Si lo logra lo más pronto posible, yo presento mi renuncia. Porque con eso yo me daría por satisfecho de haber aportado”.
Esta postura refleja la frustración de autoridades locales ante el avance del crimen organizado en sus municipios y el limitado alcance de las fuerzas municipales, que muchas veces operan con recursos escasos frente a organizaciones delictivas fuertemente armadas.
Uruapan: bajo asedio del crimen organizado
Contexto de violencia en la región
Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán, ha sido escenario de constantes enfrentamientos, extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados en los últimos años. El aguacate, conocido como “oro verde”, ha sido el motor económico y también fuente de violencia, ya que grupos criminales imponen cuotas a productores y comerciantes.
Tan solo en el mes de mayo, se han reportado múltiples hechos violentos, incluyendo ataques armados, asesinatos de funcionarios y hallazgos de cuerpos en zonas rurales.
Inseguridad y polarización política
El reto de Manzo no solo evidencia un choque de estrategias entre el ámbito municipal y federal, sino también una tensión política, ya que el alcalde fue electo como independiente tras dejar el partido Morena, mientras que Sheinbaum es la figura presidencial de ese partido.
La discusión revive el debate sobre el uso de la fuerza pública en zonas de alta criminalidad y sobre los límites legales y éticos en la actuación de las policías locales, especialmente en contextos donde el Estado ha sido superado por la delincuencia organizada.
Caminos opuestos, soluciones pendientes
Mientras Sheinbaum insiste en un modelo que respete el debido proceso, y fortalezca la inteligencia y la prevención, Manzo pide una respuesta más enérgica e inmediata, incluso al costo de romper con esquemas legales tradicionales.
El reto no es solo una confrontación mediática, sino una urgencia real de miles de habitantes que viven bajo amenaza. La solución requerirá más que discursos: se necesita coordinación interinstitucional, recursos, presencia territorial y justicia efectiva.
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