La XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una reforma trascendental para actualizar el lenguaje jurídico que se utiliza en sus documentos rectores. El objetivo principal es cerrar las brechas detectadas y eliminar los últimos vestigios de lenguaje sexista, dando paso a una redacción más precisa, plural y respetuosa de la dignidad de todas las personas que integran la institución.
Con esta decisión, el Congreso busca consolidarse como un Poder Legislativo de vanguardia, plenamente congruente con los principios de igualdad, no discriminación y derechos humanos, alineado con los estándares internacionales que promueven la visibilidad de todas las identidades.
Un cambio profundo en la estructura jurídica
Sustitución sistemática del lenguaje androcéntrico
La reforma no se limita a ajustes superficiales ni a correcciones aisladas. De acuerdo con lo aprobado en la sesión ordinaria número 28, se emprenderá una revisión minuciosa de todo el articulado para erradicar disposiciones donde aún persistan rasgos de lenguaje androcéntrico, tradicionalmente basado en la generalización del masculino como forma universal.
Este proceso implica institucionalizar mecanismos lingüísticos aceptados dentro de la redacción jurídica moderna, privilegiando el uso de términos incluyentes que nombren con exactitud a todas las personas, sin invisibilizar identidades.
Las y los legisladores destacaron que esta transición permitirá que el documento rector del Poder Legislativo sea un reflejo real de la diversidad social del estado.
Lenguaje incluyente como política transversal
Visibilidad, respeto y precisión
La iniciativa establece que el lenguaje incluyente debe integrarse de manera sistemática y transversal, evitando enfoques fragmentados. El objetivo es que la modernización jurídica abarque la totalidad del marco normativo, articulado por articulado, para garantizar coherencia interna.
Esta decisión no solo busca mejorar la técnica legislativa, sino también fomentar un entorno institucional donde todas las personas se sientan representadas. Desde la perspectiva de derechos humanos, visibilizar a los distintos grupos sociales mediante el lenguaje contribuye a reducir prácticas discriminatorias arraigadas en la tradición jurídica histórica.
Cambios aprobados en materia de protección animal
Se modifica el nombre de la Fiscalía Ambiental
Además de la armonización lingüística, la XVIII Legislatura aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Dicha reforma actualiza el nombre de la “Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano”, que ahora se denominará:
“Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, Protección Animal y el Desarrollo Urbano”.
El cambio no es meramente nominal. Con esta modificación, el Congreso busca fortalecer el marco institucional para la atención de delitos relacionados con el maltrato, la crueldad animal y la protección de seres sintientes, ampliando el enfoque para atender este tipo de conductas con mayor rigor y claridad.
Las y los legisladores señalaron que esta reforma contribuye a generar una cultura de respeto hacia los animales, además de mejorar la coordinación entre autoridades encargadas de investigar y sancionar abusos.
Análisis de iniciativas de ingresos municipales
Se turnan proyectos para su revisión
Durante la jornada legislativa también se dio lectura y se turnaron a comisiones diversos proyectos relacionados con las leyes de ingresos municipales para el próximo periodo fiscal.
Los municipios cuyas iniciativas fueron enviadas a análisis son:
- Isla Mujeres
- Benito Juárez
- José María Morelos
- Felipe Carrillo Puerto
- Othón P. Blanco
Previamente ya se habían turnado los proyectos de:
- Lázaro Cárdenas
- Puerto Morelos
- Tulum
- Playa del Carmen
- Cozumel
- Bacalar
Con ello, el Congreso avanza en la revisión financiera municipal, una etapa clave para garantizar que los presupuestos locales se elaboren con criterios técnicos, transparencia y cumplimiento normativo.
Un Congreso más moderno y representativo
La armonización del lenguaje y las reformas aprobadas forman parte de un proceso mayor que busca consolidar al Poder Legislativo como una institución moderna, inclusiva y cada vez más cercana a la ciudadanía. Legisladoras y legisladores coincidieron en que la actualización del lenguaje jurídico no solo fortalece la técnica legislativa, sino que simboliza una transformación cultural que el estado venía demandando.
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