La reforma a la Ley de Amparo, que será discutida en el Senado de la República, busca frenar los abusos de deudores fiscales que retrasan el pago de créditos, afirmó este viernes Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Acompañado por Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Zaldívar explicó que esta medida responde a prácticas frecuentes en las que los deudores utilizan recursos legales para alargar litigios y evitar el pago de obligaciones fiscales ya determinadas por tribunales.
¿Qué plantea la reforma?
El exministro detalló que actualmente, incluso cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Tribunal Colegiado emiten una resolución firme sobre un crédito fiscal, los contribuyentes suelen interponer múltiples amparos que bloquean la ejecución del cobro.
La propuesta de reforma establece que solo se permita un juicio de amparo para cuestionar la ejecución de un crédito fiscal, evitando así que los procesos se extiendan durante años.
En clara referencia al empresario Ricardo Salinas, Zaldívar señaló que este tipo de estrategias legales afectan la certeza financiera del Estado:
“Cuando ya la Corte o un Tribunal Colegiado establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito”, apuntó.
¿Se restringe el derecho a la defensa?
Zaldívar negó que la reforma signifique una limitación al derecho de defensa de los contribuyentes, como han señalado algunos críticos. Aclaró que lo que se busca es acotar el abuso de esa figura jurídica.
“Si el procedimiento de ejecución fue incorrecto, se cuestiona en un solo juicio de amparo, y no como ahora, que cuando ya se determina un crédito fiscal pueden pasar muchos años sin que el fisco cobre lo que corresponde”, agregó.
Implicaciones para la Hacienda Pública
De aprobarse, la reforma permitiría a la Hacienda Pública reducir los tiempos de controversias fiscales y garantizar una mayor certeza en los ingresos del Estado. Con ello, se pretende fortalecer la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones presupuestales y evitar que grandes contribuyentes eludan el pago de créditos firmes.
La discusión en el Senado se perfila como uno de los debates clave en materia fiscal, al colocar en la agenda el equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y la necesidad del Estado de garantizar sus ingresos.
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo plantea un cambio significativo en el sistema de defensa de los deudores fiscales en México. Aunque genera debate en torno a los derechos de los contribuyentes, el Ejecutivo argumenta que se trata de un paso necesario para frenar prácticas que afectan la estabilidad de las finanzas públicas.
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