La presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes al Senado el denominado Plan B de reforma electoral, una iniciativa que busca reducir privilegios en el sector público, establecer límites al gasto de congresos locales y ajustar el calendario de la elección judicial, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y generar ahorros en el presupuesto.
La propuesta incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y contempla que la elección judicial se realice en 2027, coincidiendo con los comicios intermedios. Además, plantea mecanismos más estrictos para la revisión de candidatos, con el fin de mejorar la transparencia en los procesos electorales.
Entre los principales cambios, se propone un tope al presupuesto de los congresos locales equivalente al 0.7% del gasto estatal, así como una reducción en el número de regidurías en los municipios, que pasarían de un mínimo de siete a un máximo de 15. También se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario superior al de la Presidencia de la República.
La iniciativa contempla además que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que modificaría los tiempos actuales de este mecanismo de participación ciudadana. Asimismo, se plantea que los partidos políticos reporten sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados.
El envío del Plan B de reforma electoral al Senado abre un nuevo debate legislativo sobre la estructura del sistema político en México. La propuesta busca generar ahorros públicos y reducir excesos en la administración, aunque su discusión podría generar posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso.
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