La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que al menos cinco de las once personas asesinadas el domingo en un ataque armado en una cancha de fútbol de Salamanca estaban vinculadas a una empresa de seguridad privada relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hecho ocurrió la tarde del domingo en la comunidad Loma de Flores y fue atribuido al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), en el marco de la disputa territorial que ambos grupos mantienen en la región del Bajío.
De acuerdo con la SSPC, el ataque se registró alrededor de las 17:30 horas en los Campos de las Cabañas, un espacio deportivo de uso comunitario ubicado en una zona limítrofe entre Salamanca e Irapuato. Además de las once personas fallecidas, doce más resultaron lesionadas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Las autoridades federales y estatales desplegaron operativos de seguridad en la zona tras la agresión.
Un ataque ligado a la disputa criminal en Guanajuato
La SSPC informó que las primeras líneas de investigación indican que el ataque fue perpetrado por un grupo de choque del Cártel Santa Rosa de Lima, como represalia directa dentro del conflicto que sostiene con el CJNG por el control de actividades ilícitas en Guanajuato. Previo a la masacre, se localizaron dos narcomantas firmadas por el CSRL con mensajes dirigidos a su organización rival, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planeado y dirigido.
Identifican a presunto responsable
Las autoridades identificaron como presunto responsable intelectual y operativo a Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, también conocido como “Camorro” o “Gallo”. Se trata de un jefe de célula del CSRL que opera bajo las órdenes de Moisés Soto Bermúdez, exlíder del grupo criminal conocido como “Los Marros”.
Lara Belman cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y es considerado un generador de violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya. De acuerdo con los reportes oficiales, se le vincula con actividades de distribución de drogas, extorsión y ejecuciones selectivas en la región.
Perfil de las víctimas y uso de empresas fachada
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es el perfil de varias de las víctimas. La SSPC confirmó que al menos cinco de los fallecidos pertenecían a una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada al CJNG. Este dato sugiere que el ataque no fue indiscriminado, sino dirigido contra integrantes o colaboradores del grupo criminal rival.
Crimen organizado y negocios “legales”
Especialistas en seguridad consultados por autoridades federales han advertido que los cárteles utilizan empresas de seguridad privada como fachadas para diversas actividades, entre ellas el lavado de dinero, la portación legal de armas, la vigilancia de territorios y la obtención de información estratégica. Este mecanismo permite a las organizaciones criminales camuflar su estructura y operar bajo una apariencia de legalidad.
El caso de Salamanca vuelve a poner sobre la mesa la facilidad con la que el crimen organizado se infiltra en sectores económicos formales, aprovechando vacíos regulatorios y la debilidad institucional en zonas con alta presencia delictiva.
Violencia extrema en un espacio comunitario
En el lugar de los hechos, peritos localizaron más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder, lo que evidencia la magnitud y ferocidad del ataque. A pesar de los operativos desplegados tras la masacre, hasta el cierre de este informe no se reportan personas detenidas, lo que ha generado críticas por la persistente impunidad en la entidad.
La agresión ocurrió en un espacio familiar y deportivo, lo que subraya la transformación de la violencia criminal en Guanajuato. Las disputas entre cárteles ya no se limitan a enfrentamientos en zonas controladas por los grupos delictivos, sino que se trasladan a lugares públicos donde hay presencia de civiles, sin importar las consecuencias.
Guanajuato, epicentro de la violencia criminal
La masacre en Salamanca se suma a una larga lista de episodios de violencia que han colocado a Guanajuato como uno de los estados con mayores índices de homicidios dolosos en el país. La confrontación entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima ha marcado la dinámica de inseguridad en la región, afectando directamente a la población civil.
Analistas advierten que, mientras no se desmantelen las estructuras financieras y operativas de estos grupos, los operativos reactivos serán insuficientes para contener la violencia. La identificación de los responsables y la revisión de las empresas de seguridad privada vinculadas al crimen organizado se perfilan como tareas clave para las autoridades.
El reto para las autoridades
La SSPC señaló que las investigaciones continúan y que se mantiene la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para lograr la captura de los responsables. Asimismo, se revisará el funcionamiento de empresas de seguridad privada en la región para detectar posibles vínculos con grupos criminales.
La respuesta institucional en los próximos días será determinante para evitar que hechos como el ocurrido en Salamanca se repitan y para recuperar la confianza de una ciudadanía que vive bajo la constante amenaza de la violencia.
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